Fernando Carrera Castro
Ómicron ha reavivado el debate público sobre el regreso a clases presenciales y la incertidumbre sobre cómo hacer lo mejor para nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que podemos decirle desde UNICEF a toda persona interesada en proteger los derechos de la infancia y adolescencia en México.
La evidencia sigue demostrando que las escuelas no son lugares de contagio masivo y que, si aplican las medidas de prevención adecuadas, pueden ser espacios más seguros que otros de libre acceso durante la pandemia.
Desde el regreso a clases presenciales, no se ha registrado un aumento de los casos de COVID-19 entre niños, niñas y adolescentes en México. La cifra más alta de contagios entre menores de edad en un sólo día (2,239) fue registrada por la Secretaría de Salud a mediados de agosto de 2021. Es decir, durante las vacaciones escolares, con un promedio de 1,173 casos diarios. Sin embargo, entre el 30 de agosto y el 19 de diciembre – el período de asistencia escolar tras la reapertura – el promedio diario fue de 529. La curva de contagios volvió a aumentar durante las fiestas decembrinas cuando las escuelas estaban nuevamente cerradas. (Link aquí).
Datos recopilados por UNICEF y la Secretaría de Educación Pública sobre una muestra 113,980 escuelas de educación básica revelan algo más de 4,000 casos confirmados de estudiantes con COVID-19, cifra que representa el 0.2% de las razones de inasistencia a clases presenciales. El 57.1% de las razones de inasistencia están vinculadas a que padres y madres decidieron no enviar sus hijos.
Indudablemente, la rapidez de contagio de Ómicron afecta también la salud del personal docente y reduce la capacidad operativa de las escuelas, particularmente aquellas con recursos y personal limitados, por lo que UNICEF reconoce y valora el esfuerzo de las autoridades mexicanas por acelerar la vacunación de refuerzo del personal escolar.
Los sistemas educativos en todo el mundo están adaptándose a una realidad que nos acompañará indefinidamente pues no hemos llegado a la “post-pandemia” sino iniciado una etapa con nuevas variantes del virus. En contextos de emergencia, los cierres de escuelas deben evitarse en la medida de lo posible. De ser necesario implementar nuevas medidas estrictas en la actual realidad de la pandemia las escuelas deben ser los últimos lugares en cerrar y los primeros en reabrir. Por ello, a nivel global, se deberán desarrollar estrategias para reforzar la resiliencia de los sistemas escolares ante las crisis y poder asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. México no es una excepción
Entre las escuelas monitoreadas por la SEP y UNICEF mencionadas anteriormente, el 78% había retomado las actividades presenciales a diciembre de 2021. Es decir que el 22% seguía sin hacerlo a pesar del llamado de las autoridades educativas federales de reanudar las clases presenciales en agosto del año pasado. Esto no es un problema menor.
Un cierre prolongado de escuelas conlleva importantes consecuencias para cada niña, niño y adolescente afectado y para el país. Según la encuesta ENCOVID-19 Infancia, el 8% de los hogares encuestados con integrantes de 4 a 17 años reportaron que algunos no se inscribieron en el actual ciclo escolar.
En México hay enormes brechas de acceso a la educación a distancia, especialmente en áreas rurales con conectividad limitada. Sabemos, porque lo hemos observado mundialmente a lo largo de décadas, que el cierre prolongado de escuelas afecta mayormente a las niñas, los niños y adolescentes de menores recursos (por ejemplo, los que viven en comunidades indígenas), reduce sus oportunidades de desarrollo a corto, mediano y largo plazo (llegando a afectar incluso su futuro laboral en la adultez) y aumenta el riesgo de abuso físico, abuso mental y explotación laboral. Estamos hablando de consecuencias en aprendizaje que revertirán en consecuencias salariales y de calidad de vida.
Un estudio de cerca de 1, 600 escolares entre 8 y 11 años realizado en escuelas mexicanas en noviembre 2021 por UNICEF y el Proyecto de Mediación Independiente de Aprendizajes (MIA) – que, apoyado por el CIESAS, aplicó una metodología desarrollada hace más de una década, aplicada en varios países asiáticos y africanos, y con altos grados de relación con otras mediciones de aprendizajes en el mundo – reveló que el 66% de ellas y ellos no había alcanzado un nivel básico en habilidad lectora y el 97% en habilidad matemática. Por otra parte, proyecciones sobre años de escolaridad realizadas por el Banco Mundial en 2020 prevén una pérdida de 0.9 años de escolaridad a nivel global, lo que reduciría el promedio anterior a la pandemia de 7.8 a 6.9 años, escenario en el que un estudiante promedio perdería 25,000 dólares estadounidenses en ganancias de por vida. Desde una perspectiva macroeconómica, la presente generación de estudiantes perdería ganancias estimadas en 17 trillones de dólares estadounidenses en total, equivalente a 14% de PIB mundial actual.
Las clases presenciales acompañadas de protocolos para casos de COVID-19 sospechosos o confirmados son la mejor garantía para el presente y el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. El filtro escolar a la entrada de la escuela, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol gel, las medidas de distanciamiento y la colaboración de personal escolar, padres y madres de familia han hecho posible un retorno escolar seguro y organizado que ha permitido controlar los contagios en escuelas desde el inicio del ciclo escolar en agosto 2021.
UNICEF, considerando la evidencia señalada y las consecuencias individuales y sociales de la falta de acceso a educación presencial, aboga por el regreso a las escuelas en México y el mundo.
Representante de UNICEF en México
